Desarrollo equitativo: ¿Qué es el derecho de contribución por mejoras y en qué puede beneficiar a Luján?

Construir ciudades equitativas implica, tal vez, uno de los desafíos más grandes de nuestros tiempos. El crecimiento de las ciudades sin planificación, no solo ha producido caos territorial, sino que fundamentalmente ha incrementado los niveles de desigualdad. De esta manera, conviven espacios muy bien valorados con barrios enteros que carecen de servicios básicos o buena prestación de los mismos. A pocas cuadras de distancia la ciudad incluye y excluye. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado? Como señala el geógrafo David Harvey, “la producción de valores de uso a través de las acción pública es una forma directa de intervención (…) en la medida en que el gobierno proporciona muchos de los servicios, instalaciones y vías de acceso, también contribuye indirectamente a modificar el valor del uso de las viviendas transformando el medio ambiente”.

En la provincia de Buenos Aires, el ordenamiento territorial es una responsabilidad del municipio que requiere del consentimiento de un organismo provincial. Sin embargo, siguiendo lo que observa Harvey, no solo se define a través del uso del suelo, sino de la extensión y funcionamiento de los servicios públicos y sobre todo de los bienes comunes. Estos pueden ser apropiados sectorialmente promoviendo nuevas formas de exclusión o por el contrario, ser pensados como bienes para la integración. Aquí aparece otro concepto de interesante valor como es el derecho a la ciudad.

La sanción del Código de Ordenamiento Urbano, aún con sus discusiones, implicó un paso adelante en la planificación distrital, luego de décadas de la regla de la excepción inspirada en “el mejor COU es el que no existe”.

La crisis del Estado Municipal nos permite ver con poca esperanza el futuro, por lo cual es necesario comenzar a transitar un nuevo camino. La ordenanza de Contribución por mejoras acompañada por un fondo de desarrollo equitativo puede convertirse, no en una solución absoluta, pero si en un herramienta potente que permita la búsqueda de una ciudad confortable para todos. En consecuencia, se trata de cobrar un derecho que se encuentra contemplado como un atributo de las municipalidades y que en Luján aún no ha sido valuado. Comprende dos instancias. En primer lugar, el cobro de un derecho por el incremento del valor de propiedades que han sido beneficiadas por obras nacionales, provinciales o municipales. Por otra parte, todo trámite administrativo que implique un plusvalía urbana y que pueda ser valuada por el municipio. En este caso, observamos el desarrollo permanente de edificios en la zona céntrica pero no vemos soluciones en relación a los servicios públicos. La densificación poblacional que vive el centro de Luján se verá totalmente colapsada en pocos años, siendo de una necesidad urgente pensar nuevamente el funcionamiento de la ciudad. Llevar servicios públicos a donde el mercado no ha fijado prioridades y resguardar los intereses de aquellos ciudadanos que eligen el centro para vivir son dos asuntos que pueden empezar a trabajarse desde el fondo de desarrollo equitativo.

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