Termoeléctrica entre expedientes y decretos

¿Luciani no confía en sus funcionarios?

Entre el 16 y 17 de noviembre el gobierno pidió que desarchiven los expedientes vinculados a Araucaria Energy y que los manden a la Secretaría Privada, oficina del Intendente Municipal Oscar Luciani. El mismo día, otro expediente, ni más ni menos el de la categorización, es decir, en el cual debe constar si la empresa es de primera, segunda o tercera categoría, fue enviado a la Asesoría Letrada. Por esas horas, se redactó un polémico Decreto en el cual por primera vez la municipalidad hace público que se trata de una empresa de tercera categoría. El decreto, es aún más dudoso porque plantea en su primer artículo “la paralización de la ejecución de la obra” de la termoeléctrica cuando la misma se encuentra cerca de su finalización. En su segundo artículo dice que esto “no implica la adopción de ninguna decisión definitiva”.

Unos días antes, no sabemos aún exactamente cuantos, el Intendente promulgó la Ordenanza que despertó la polémica al autorizar un cambio en el uso del suelo en una parcela rural para la instalación de la central termoeléctrica.

LA CATEGORÍA

El 16 de enero, cuando la empresa que ya había tramitado el permiso de obra, presentó por mesa de entrada del municipio el pedido de categorización. La Ley Provincial 11.459 establece que la Autoridad de Aplicación que es el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS), es quien define la categoría. Son de tercera categoría aquellas que “se consideran peligrosos porque su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente”. Estas industrias están prohibidas en Luján por Ordenanza Municipal 6.224 luego del conflicto ambiental generado por la empresa Curtarsa. La Ley dice también, que una vez presentada una petición de categoría la municipalidad debe trasladarla a la autoridad de aplicación dentro de los diez días hábiles. Sin embargo, el expediente recién fue enviado al OPDS el 22 de febrero, luego de pasar por la Dirección de Medio Ambiente, la Dirección de Planeamiento y Catastro. Una vez recibido el expediente el OPDS tiene un plazo de veinte días para hacer la clasificación. Cuando corresponde a empresas de primera y segunda categoría es el Municipio el que tiene la facultad de otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental y cuando es de tercera categoría lo debe hacer el propio organismo provincial. Dicho expediente volvió a la municipalidad el 1 de noviembre. Podríamos suponer que regresó bastante tarde, pero no lo suficiente, ya que la sanción de la polémica Ordenanza autorizando el uso específico para la central fue tratada por el Concejo Deliberante el 6 de noviembre. Todos esos días el expediente descansó en la Dirección de Medio Ambiente dependiente de la Secretaría de Producción y Turismo. Hubo tiempo suficiente para parar el expediente y analizar. Supongamos que el gobierno de Luciani considera que esta central es verdaderamente conveniente para los ciudadanos y ciudadanas de Luján. Lo que tendría que haber hecho, al tener ya la información, es llevar una propuesta de derogación de la Ordenanza 6.224 porque una ordenanza no puede ir en contra de otra si no incluye su derogación. En este sentido, tampoco es un dato menor que el Secretario de Producción y Turismo, Miguel Ángel de la Merced Paulón, es quien acompaña con su firma el decreto de Luciani por el cual se paraliza la obra.

PREGUNTAS FINALES

Entre el 16 y 17 de noviembre, cuando los vecinos ya estaban en estado de alerta por los peligros ambientales que implica esta central y la violación a una norma municipal, el Municipio diseñó un camino para comenzar a minimizar el conflicto de Araucaria Energy. A su vez, en el decreto de suspensión, el Intendente dice que va a convocar a dos universidades nacionales para que realicen un estudio de impacto ambiental. Estudio que corre por parte de la empresa, que en todo caso debieron prever los funcionarios, ya sea el Secretario de Producción, de Infraestructura o el Director de Planeamiento, quién también tiene con un rol protagónico en los expedientes. Entonces, ¿hay funcionarios que saben hace tiempo que estaban tramitando la habilitación de una empresa prohibida en el Partido de Luján? ¿No pusieron en riesgo al propio municipio al no alertarlo a los inversores? ¿Por qué Luciani manda a desarchivar todo y cuando lo hace llega a la conclusión de que debe convocar a dos universidades nacionales? ¿No tiene la municipalidad y sus funcionarios el suficiente conocimiento técnico para atender este tema? En definitiva: ¿Para qué están?

 

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MatiasFernandez

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